Rector de la UCR es citado como ofendido por daños a la universidad

La investigación se desarrolla a raíz de una denuncia presentada por un tercero relacionada con la toma a la fuerza del edificio administrativo B, ocurrida el pasado 22 de abril. En ese inmueble se ubican la Rectoría, la Vicerrectoría de Docencia, la Vicerrectoría de Acción Social, el Consejo Universitario y otras dependencias administrativas de la institución.

 “Hemos cumplido con el deber institucional de poner en conocimiento de las autoridades competentes hechos concretos que deben investigarse. No corresponde a la Universidad prejuzgar personas; pero sí corresponde defender la protesta pacífica, proteger los bienes públicos y garantizar el debido proceso”, afirmó Araya.

Desde el 13 de mayo, día en que fue recuperado el inmueble, la Oficina Jurídica de la Universidad levantó un acta notarial para documentar con absoluto detalle las condiciones en que fue entregado por parte de las personas que participaron en la toma del edificio.

Entre los daños identificados se encuentran pisos, paredes, cielorrasos y vidrios rayados con grafitis. Algunos de ellos incluso contenían amenazas de muerte dirigidas contra funcionarios universitarios. Asimismo, se documentaron vidrios quebrados, daños en mobiliario institucional, cerraduras forzadas y afectaciones en sistemas de telecomunicaciones y protección contra incendios.

Hasta ahora, la reparación ha costado ₡37 millones, provenientes de fondos públicos.

“Quiero ser muy claro: la Universidad de Costa Rica no criminaliza la protesta estudiantil. La protesta pacífica es parte de la vida democrática, de la historia de nuestra Universidad y de los valores más profundos de Costa Rica. Pero también quiero decir, con la misma claridad, que la defensa de la educación pública no puede confundirse con daños al patrimonio público, afectación de oficinas, equipos o servicios que pertenecen a toda la comunidad universitaria y, en último término, al país”, señaló el rector.

La Universidad entregó semanas atrás copias íntegras de las grabaciones de las cámaras de seguridad correspondientes al día de la toma del edificio, así como los registros captados por las cámaras corporales utilizadas por oficiales de seguridad durante los acontecimientos.

De forma paralela, la Vicerrectoría de Docencia presentó una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tras detectar la desaparición de diversos bienes institucionales luego de la recuperación del inmueble.

Entre los artículos reportados como faltantes se encuentran computadoras portátiles, audífonos, dispositivos electrónicos y otros bienes asignados a oficinas administrativas.

“Lo que estamos haciendo no es una persecución contra estudiantes. Es el cumplimiento de una obligación institucional. Cuando existen reportes técnicos sobre daños o bienes faltantes, la Rectoría tiene el deber de poner esos hechos en conocimiento de las autoridades competentes, con respeto absoluto al debido proceso y sin prejuzgar a ninguna persona”, concluyó Araya.