Costa Rica lidera la movilidad eléctrica en la región
Para cerrar la brecha entre los logros actuales y los objetivos ambientales del país, los expertos sugieren la adopción de nuevas "políticas complementarias".
El crecimiento de la flota de vehículos eléctricos en Costa Rica —que pasó de 1.661 unidades en 2018 a 38.776 en abril pasado— resulta insuficiente frente a los compromisos climáticos del país. Una investigación de Olman Segura y Juan Carlos Salas, académicos del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional (UNA), revela que, de mantenerse la tendencia actual de mercado, el país alcanzará apenas un 7,9% de electrificación vehicular para el año 2035. Esta proyección representa un rotundo rezago frente al cumplimiento de la meta del 30% fijada originalmente en el Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050.
La urgencia de acelerar la transición radica en que el transporte terrestre es el principal contaminador nacional, concentrando el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del sector energía, con un incremento crítico del 247% entre 1990 y 2021. Ante este panorama, los expertos advierten que Costa Rica no está preparada para eliminar los incentivos fiscales vigentes. Por el contrario, respaldan iniciativas como el proyecto de ley 24.692, el cual pretende prorrogar por cinco años las exoneraciones estatales y eximir del impuesto a la propiedad contenido en el marchamo por una década.
Además de la carga tributaria, el estudio desnuda distorsiones comerciales de peso, señalando que los márgenes de ganancia de las agencias importadoras son "muy excesivos" y llegan a representar hasta un 46% del valor de internamiento (costo CIF) en unidades con un precio inferior a los 40 mil dólares.
Los investigadores urgen al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) a establecer un marco regulatorio más transparente, ya que el sustancial aumento de competidores en el mercado (pasando de 3 empresas al inicio de la política a 29 firmas en 2025) no se está traduciendo de manera directa en precios más accesibles para los consumidores.
Para revertir la tendencia, el CINPE-UNA propone redirigir la política pública hacia soluciones colectivas y estructurales, tales como crear incentivos específicos para autobuses eléctricos, renovar las flotillas del Estado e impulsar procesos de electrificación industrial.
Asimismo, enfatizan la necesidad de romper mitos culturales mediante información confiable sobre la autonomía vehicular y estandarizar las plataformas de pago en la red de carga pública y privada. Estos desafíos cobran mayor relevancia ante el entorno geopolítico de Medio Oriente, cuyas repercusiones anticipan nuevas alzas en los combustibles locales para el mes de junio, aumentando la sensibilidad económica de los usuarios particulares frente al gasto semanal.
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