El futuro de Perú a debate: expertos piden cooperación internacional, funcionarios niegan crisis política

“Los abusos de las fuerzas de seguridad movilizan a la gente, por eso es fundamental que haya justicia, mientras no sea así, va a haber una herida abierta en Perú que no se va a cerrar y que va a ser una fuente de inestabilidad”, dijo César Muñoz, director asociado de la división de las Américas de Human Rights Watch.

Gustavo Adrianzén, representante permanente de Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), aseguró que durante los procesos de vacancia y sucesión ocurridos en Perú, el país “no ha salido” del marco constitucional. “En Perú, crisis política me suena a fin del mundo y en realidad no es esta la percepción que yo tengo”, dijo.

El informe de la CIDH documenta 477 protestas ocurridas en Perú y al menos 68 hechos de violencia en los que resultaron heridas 912 personas. En sus registros, la organización expone la muerte de 56 personas y resalta el asesinato de 10 personas en Ayacucho, acto que “dada las circunstancias de modo, tiempo y lugar, pudieran ser calificadas de masacre”, según Esmeralda Arosemena, vicepresidenta de la Comisión.

En el caso de Human Rights Watch, su informe expone crisis democrática y de abusos contra los derechos humanos en Perú. Además, plantea que “la corrupción es un elemento fundamental de inestabilidad en el Perú”, dijo Muñoz. En su caso, también tildan como “masacre” lo ocurrido en Ayacucho.

Human Right Watch documentó en su informe los lugares donde tuvieron lugar las protestas masivas, entre ellas poblaciones como Juliaca, Ilave, Chala, Pichanaqui y Chao. El embajador Adrianzén apuntó que estos lugares son eje de actividades como minería ilegal, trata de personas y narcotráfico.

“Coincidentemente en cada uno de estos lugares donde estallaron los brotes de protesta que ha registrado Human Rights Watch, en donde tenemos la presencia de estos crímenes organizados… no podemos decir que efectivamente ellos han financiado la protesta, pero es una coincidencia extraña”, aseguró Adrianzén.

Muñoz, por su parte, entiende que estas aseveraciones por parte del gobierno peruano son “conclusiones sin base” que intentan “enfatizar” que las personas que salieron a manifestarse “son terroristas o delincuentes”.

“Yo creo que un paso principal es parar de pintar las protestas como como un complot de unos intereses oscuros políticos y de criminales. Hay que reconocer que hay una insatisfacción”, apuntó.

Llamado a cooperación internacional

Los representantes del CIDH y Human Rights Watch recomendaron la cooperación con grupos interdisciplinarios independientes en Perú como una manera de “darle a la ciudadanía la confianza que necesita en la institucionalidad”, según Arosemena.

Dicha cooperación, agregó, no sería “para que lideren o sean responsables de la investigación” sino para respaldar investigaciones que “un grupo de la población estima que no es independiente”.

“Para nosotros es una recomendación fundamental es que haya investigaciones adecuadas, que haya justicia y creemos que la Fiscalía necesita apoyo externo. Para eso necesita un grupo de expertos independientes”, dijo el representante de Human Rights Watch.

Adrianzén criticó que se le pida al gobierno peruano resultado de investigaciones en los cinco meses que lleva Boluarte en el poder. “¿Acaso en cinco meses de gobierno podemos solucionar problemas estructurales? Necesitamos ayuda, necesitamos comprensión, necesitamos tolerancia, necesitamos empatía”.

Pese a su reclamo de ayuda, el embajador apuntó que Perú “no necesita la tutoría de ningún organismo internacional para que nuestras instituciones hagan su tarea”, resaltando la independencia de la fiscalía.

Al cuestionarle si abriría la puerta a una veeduría internacional, este aseguró que “en mi opinión, no… ¿acaso no somos un país que podamos también nosotros por sí mismos llevar estas investigaciones a cabo?”.

“El embajador dice que necesitan ayuda, pues por favor, pidan la ayuda en las investigaciones, es muy importante”, concluyó Muñoz.