Justicia de Perú ordena embargo de bienes de expresidente Castillo
Los jueces de la Corte Suprema atendieron el pedido de la Procuraduría - que actúa en defensa del Estado en el proceso contra el exmandatario
Un tribunal peruano ordenó embargar los bienes del expresidente Pedro Castillo, quien espera en prisión su llamado a juicio por su fallido intento de disolver el Congreso en diciembre, informó este martes la Procuraduría.
Los jueces de la Corte Suprema atendieron el pedido de la Procuraduría - que actúa en defensa del Estado en el proceso contra el exmandatario - y dictaminaron "el embargo de los bienes de los imputados, Pedro Castillo y Aníbal Torres", exjefe de gabinete, señaló el organismo en un comunicado.
La Procuraduría presentó la solicitud para asegurarse el pago de una eventual reparación en caso de que Castillo y su mano derecha sean encontrados culpables de rebelión y conspiración.
La defensa del Estado aspira a una reparación de 67 millones de soles (unos 18 millones de dólares).
Con esta medida cautelar, Castillo y Torres no podrán transferir o vender propiedades porque "si no, cuando se les condene y se establezca una reparación civil a favor del Estado, no se podrá cobrar absolutamente nada", explicó el abogado penalista Vladimir Padilla al diario El Comercio.
El embargo a Castillo - un antiguo profesor de escuela de primaria de 53 años - recae sobre las cuatro propiedades que tiene en la región andina de Cajamarca, mientras Torres cuenta con nueve bienes en Lima, según la Procuraduría.
En medio de una severa crisis política, Castillo intentó disolver el Congreso cuando llevaba 17 meses en el cargo, tras lo cual fue destituido y recluido en una cárcel especial de Lima donde cumple prisión preventiva.
Su salida del poder provocó violentas protestas entre diciembre y febrero, en las que murieron más de 50 personas, la gran mayoría manifestantes que fueron reprimidos a bala por la fuerza pública, según denuncias de organismos independientes.
La fiscalía abrió una investigación contra la sustituta de Castillo en la presidencia, Dina Boluarte, por la represión de las movilizaciones, ante la posible comisión de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves".
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