Poder Ejecutivo propone grabar citas entre reos de máxima seguridad y abogado
Una fuerte controversia en el ámbito judicial y político se desató tras las directrices emitidas por la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, quien ordenó una revisión exhaustiva de los reglamentos penitenciarios y anunció un proyecto de ley para intervenir las comunicaciones en los centros penales del país.
Luego que la mandataria diera a conocer la creación de un proyecto para grabar las conversaciones entre abogados y privados de libertad las reacciones de los juristas y de los sectores legales independientes fue inmediata, manifestando una profunda preocupación ante lo que consideran una violación flagrante al secreto profesional. Abogados penalistas como el Licenciado Rafael Rodríguez advierten que registrar las conversaciones vulnera directamente la confidencialidad absoluta que debe existir entre el imputado y su defensor para garantizar un juicio justo.
A estas alertas se sumó formalmente el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, Miguel Arias Maduro, quien hizo un llamado a la cordura y a evitar legislar al calor de la coyuntura de seguridad. Arias Maduro insistió en que el proyecto requiere un análisis serio y profundo para determinar si roza la inconstitucionalidad, recordando que no se pueden desmantelar los derechos fundamentales en el proceso.
El debate técnico queda así planteado entre la urgencia del Gobierno por endurecer el control carcelario y la resistencia de un gremio legal que recuerda que las herramientas de política criminal deben respetar la Constitución.
El texto de la iniciativa legal entraría a la corriente legislativa en junio, donde se anticipa una discusión de alto voltaje técnico y constitucional.
- En esta Nota: ABOGADOS - COLEGIO DE ABOGADOS DE COSTA RICA
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