270 nuevos conductores en territorios indígenas

El año 2024 marcó un hito en la inclusividad del servicio de acreditación de conductores en Costa Rica, al llevarse por primera vez pruebas teóricas y prácticas a comunidades de seis territorios indígenas.

La Dirección General de Educación Vial (DGEV) y el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) lideraron este esfuerzo, beneficiando a 270 personas que obtuvieron su licencia de conducir.

En total, 362 personas aprobaron la prueba teórica y 270 lograron completar con éxito la prueba práctica en los territorios de Bajo Chirripó, Nairi Awari, Talamanca Bribri (Amubri), Tayni, Ngäbe y Alto Chirripó. El proceso incluyó:

• Ngäbe (enero-febrero): 155 pruebas teóricas aprobadas y 74 prácticas.

• Alto Chirripó (junio-agosto): 117 pruebas teóricas aprobadas y 126 prácticas.

• Bajo Chirripó (octubre-diciembre): 31 pruebas teóricas aprobadas y 12 prácticas.

• Nairi Awari: 31 pruebas teóricas aprobadas y 15 prácticas.

• Talamanca Bribri: 16 pruebas teóricas aprobadas y 26 prácticas.

• Tayni: 12 pruebas teóricas aprobadas y 17 prácticas.

El éxito de este plan fue posible gracias a la colaboración entre distintas entidades. La DGEV y COSEVI coordinaron con la Dirección General de Ingeniería de Tránsito del MOPT para instalar señalamiento móvil y demarcar las zonas de prueba. Asimismo, la empresa privada ofreció capacitaciones sobre conducción segura en motocicleta, mientras que la Asociación de Desarrollo Integral Indígena (ADII) ayudó a encontrar y acondicionar espacios adecuados para realizar las evaluaciones. El Banco de Costa Rica también facilitó la emisión de licencias en sus sedes más cercanas.

“Se concluye un año de un gran esfuerzo llegando a diferentes territorios indígenas para llevar el servicio de acreditación de conductores. El compromiso de la administración y de cada uno de los funcionarios que ha participado en el proceso hizo posible que 270 personas de estas localidades obtuvieran su licencia de conducir”, destacó Sindy Coto, Directora de la DGEV.

El plan para 2025 incluye la atención de los cuatro territorios indígenas restantes y la extensión del servicio a zonas rurales que han solicitado esta modalidad. Estas acciones refuerzan el compromiso del país con la inclusividad y la seguridad vial, adaptando los procesos a las necesidades específicas de las comunidades.