Buscan dar 'pensión por sobrevivencia' a familiares de agentes del OIJ fallecidos en acciones policiales

A raíz del asesinato del agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Jéiner Gómez Guzmán, ocurrido mientras él ejercía acciones policiales en octubre pasado, los diputados buscan hacer un cambio en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Resulta que los familiares de Gómez no pudieron obtener una pensión porque el funcionario tenía menos de diez años de laborar para esa entidad, por lo cual la normativa impide otorgarles ese beneficio. Es decir, quedaron desamparados.

Entonces, por ello, un proyecto de ley busca crear una figura llamada "pensión por sobrevivencia", la cual vendría a dar sustento a los beneficiarios de los investigadores que mueran en el ejercicio de sus funciones, sin importar cuánto tiempo tienen de laborar para el OIJ.

La propuesta, planteada por el diputado Ariel Robles, señala que esta pensión sería de dos terceras partes del salario promedio de los últimos salarios devengados.

Agregó que, de no aprobarse esto, se correría el riesgo de desestimular a las personas para continuar trabajando en esa Policía Judicial, así como el reclutamiento de personal, ya que el riesgo al que se enfrentan a diario es inminente.

La Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC) aplaudió esta iniciativa.

"Creemos que con este proyecto se garantiza de que desde el día uno que salga el oficial a trabajar, en caso de que se dé un acontecimiento fatal de que llegue a perder la vida en cumplimiento de deber, su familia queda cubierta. Como sindicato creemos que es objetiva y aplaudimos y apoyamos desde acá", dijo Mauricio Gómez, secretario general de la ANIC.

Como parte del proceso normal de los proyectos de ley, se le pidió criterio a la Corte Suprema de Justicia para conocer si esto eventualmente tendría alguna repercusión en su organización o funcionamiento. Los magistrados aseveraron que el Poder Judicial no se vería afectado y que, por el contrario, se garantizaría protección a familiares y dependientes económicos de los investigadores.

"Estimo pertinente que esta propuesta resulta conforme con criterios de la Sala Constitucional como de la Sala Segunda en relación de beneficios, porque viene a proteger al cónyugue, así como al núcleo familiar, que ve disminuido sus ingresos por la supresión del aporte económico que realizaba quien en vida prestó servicios como agente judicial", aseveró Jorge Olaso, magistrado.

Los diputados también pidieron criterio a la Superintendencia de Pensiones, por lo que corresponderá esperar a ver qué ocurre con ese proyecto.