Buscan verificar origen de dinero percibido por defensores de imputados por narcotráfico
Iniciativa busca cerrar espacios para lavado de dinero en casos de juicios.
Un proyecto de ley pretende verificar la trazabilidad y el origen de los honorarios percibidos por los abogados que litigan a favor de imputados por narcotráfico.
La iniciativa busca cerrar un posible espacio para que las ganancias provenientes del tráfico de estupefacientes o la legitimación de capitales puedan circular mediante el pago de servicios profesionales.
“Para combatir seriamente al narcotráfico no basta con decomisar drogas, también tenemos que seguir el dinero. Toda persona tiene derecho a una defensa y a escoger libremente a su abogado, pero ese derecho no puede convertir el pago de millones de colones en una zona sin trazabilidad para el Estado”, señaló el diputado frenteamplista, Antonio Trejos, quien propuso el proyecto.
El proyecto permite pagar honorarios en efectivo hasta diez salarios base, aproximadamente ₡4,6 millones, cuando los honorarios superen ese monto, o cuando varios pagos fraccionados alcancen acumulativamente ese límite, los pagos posteriores deberán realizarse mediante cheque, transferencia electrónica u otros medios procesados por entidades financieras supervisadas que permitan identificar al pagador, al beneficiario, el monto y la fecha de la operación.
Además, la iniciativa pretende que la persona investigada, acusada o condenada que efectúe el pago, o el tercero que pague por ella, deberá acreditar cuando corresponda el origen lícito de esos fondos. Los documentos que permitan comprobar la recepción y trazabilidad de los honorarios deberán conservarse durante cinco años.
La propuesta no limita cuánto puede cobrar un profesional, no impide que una persona contrate al abogado de su elección, no regula la estrategia jurídica ni afecta el secreto profesional. Su objetivo se limita a establecer reglas objetivas sobre la forma en que se documentan determinados pagos, protegiendo simultáneamente el derecho de defensa y el interés público en prevenir la legitimación de capitales.
La iniciativa sigue una tendencia internacional hacia una mayor trazabilidad de operaciones económicas de riesgo.
“Con esta propuesta, vamos a cortar los tentáculos del crimen organizado en los tribunales de justicia”, concluyó el legislador.
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