Contaminación del agua en Guadalupe lleva a allanamientos en Oficinas Centrales del AyA

La situación generó tensiones entre la administración del AyA y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Edwin Marín, presidente de la seccional de ANEP-AyA, criticó la respuesta de la administración, señalando que "no se tomaron cartas serias sobre el asunto" y que "se saltaron muchos protocolos" durante la gestión de la crisis.

Por su parte, Juan Manuel Quesada, presidente ejecutivo del AyA, destacó que desde su llegada al cargo en un momento tan crítico, su administración ha estado comprometida con la transparencia y la colaboración con las autoridades judiciales.

"Desde el 3 de mayo envié al OIJ un informe técnico exhaustivo de más de 650 páginas con el propósito de colaborar plenamente con la investigación y con la firme esperanza de que se identifiquen a los responsables de la contaminación", declaró Quesada, quien también aseguró que seguirán apoyando la investigación con total transparencia.

Marín también expresó su desacuerdo con la decisión del subgerente del AyA, Alejandro Calderón, de no abrir procedimientos de investigación contra ningún funcionario, argumentando que la atención a la emergencia se realizó correctamente.

ANEP insiste en que se deben buscar responsables y que las autoridades deben rendir cuentas por la forma en que se manejó la contaminación.

Según informó el OIJ, durante estas acciones, se detuvieron a tres funcionarios de 54, 52 y 48 años, quienes están siendo investigados por un presunto delito contra la salud pública, relacionado con el protocolo de distribución del agua para consumo humano. 

Los tres funcionarios estaban a cargo del tratamiento y distribución del agua en la Planta Potabilizadora de Guadalupe, desde donde se abastecen las zonas afectadas.

El problema se originó el 22 de enero de este año, cuando varios ciudadanos de los cantones de Goicoechea, Moravia, Tibás y Montes de Oca reportaron un extraño sabor y olor en el agua que consumían, que parecía contener hidrocarburos.

Tres días después, el Ministerio de Salud confirmó que el agua no era apta para consumo humano, tras detectar la presencia de hidrocarburos denominados xilenos en análisis de laboratorio.

A partir de entonces, el OIJ, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, inició una serie de investigaciones para determinar la causa de la contaminación, aunque no se ha logrado identificar la fuente exacta del problema debido a la constante circulación del agua en las afluentes.