Crítican proyecto para que el Ministerio de Hacienda embargue sin orden de un juez

La iniciativa busca que se ejecute la confiscación por el cobro de impuestos, tasas, contribuciones especiales y multas.

“Esto no es una reforma contra los grandes evasores; esto golpea al ciudadano, al pequeño comerciante y al emprendedor. Estamos hablando de personas que han trabajado durante años para construir una casa, levantar un negocio o sostener a sus familias. No podemos permitir que una dependencia del Poder Ejecutivo pueda disponer de ese patrimonio sin un control judicial previo”, afirmó Murillo.

La legisladora cuestionó que el procedimiento conceda apenas 15 días para atender el cobro antes de avanzar hacia el embargo, mientras que algunas apelaciones tendrían un plazo de solo tres días hábiles. Además, la oposición al embargo no tendría efecto suspensivo, por lo que el ciudadano podría verse afectado mientras todavía intenta defenderse.

“¿Qué pasa si Hacienda se equivoca? Y esto no es algo nuevo. En los últimos meses hemos visto las consecuencias de los errores en la plataforma Tribu-CR, que han afectado a miles de contribuyentes. Una declaración procesada incorrectamente, una compensación pendiente o una deuda determinada de manera errónea podría terminar afectando una cuenta bancaria, un ingreso o un activo esencial antes de que exista una revisión judicial efectiva. No podemos darle a Hacienda mayores facultades para embargar mientras persisten dudas sobre la exactitud de la información que utiliza para determinar las obligaciones de los ciudadanos”, señaló.

Murillo también advirtió que el proyecto permite que el embargo cubra la deuda, intereses y un 50 % adicional para futuros intereses y costas procesales, también que contempla afectar dinero en efectivo, cuentas bancarias, salarios, pensiones, bienes muebles e inmuebles y establecimientos comerciales. Determinados ingresos de terceros y pagos procesados mediante tarjetas podrían ser afectados hasta en un 75 %.

“Sí queremos que Hacienda cobre las deudas legítimas y combata la evasión. Pero no vamos a apoyar este proyecto. Defendemos la propiedad privada, el debido proceso, la imparcialidad y el derecho de cada ciudadano a una defensa efectiva. El poder de Hacienda no puede estar por encima de los derechos de los costarricenses ni por encima de la Constitución Política, la propiedad privada es inviolable”, concluyó Murillo.