Debate intenso en la Asamblea Legislativa por el proyecto de armonización del Sistema Eléctrico Nacional

El proyecto, presentado por el Poder Ejecutivo, tiene como objetivo modernizar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y adaptarlo a las nuevas tecnologías y necesidades del país.

Según el dictamen afirmativo de mayoría, presentado en el 2023, la propuesta incluye la regulación de generación, comercialización, transmisión y distribución de electricidad tanto a nivel nacional como internacional, y busca impulsar el uso de energías renovables y garantizar la seguridad energética.

El diputado oficialista Manuel Morales destacó la necesidad de este proyecto para enfrentar los desafíos actuales del sector energético.

"Hoy tenemos un monopolio en la energía que ha resultado en posibles faltantes de energía y precios altos. Queremos una libre competencia donde tanto productores nacionalizados como privados puedan ofrecer energías limpias y a precios competitivos," afirmó Morales.

El proyecto pretende facilitar la tramitología para que más ciudadanos y empresas puedan usar energías renovables, mejorando así la oferta y reduciendo los costos.

Críticas y preocupaciones de la oposición

Por otro lado, la diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, expresó fuertes críticas contra el proyecto, argumentando que su verdadero propósito es la privatización del mercado eléctrico.

Guillén señaló tres componentes fundamentales del proyecto que, según ella, atentan contra la planificación y seguridad energética del país.

 "Este proyecto elimina la Dirección Operativa del ICE, permitiendo que los generadores privados puedan exportar electricidad y creando un mercado de subastas donde el ICE tendrá que competir por contratos. Esto no solo aumentará las tarifas, sino que también desestabilizará el suministro energético," advirtió Guillén.

El proceso legislativo ha incluido consultas a una amplia gama de instituciones, desde sindicatos hasta cámaras de comercio y entidades del sector energético. Estas consultas han generado diversas observaciones y recomendaciones, destacando la necesidad de claridad en la normativa y la preocupación por el impacto en las tarifas eléctricas y la sostenibilidad de las empresas distribuidoras.

También cuenta con 200 mociones en la Asamblea Legislativa, de las cuales 17 son de la fracción oficialista.