Defensoría pide frenar alza en pasajes de Lumaca por fallas en el servicio
La institución cuestiona que se aumente la tarifa mientras persisten problemas de seguridad, sobrecupo, incumplimiento de horarios y falta de unidades.
La Defensoría de los Habitantes se opuso a la solicitud de aumento en la tarifa de autobús de la ruta San José-Cartago, al considerar que la empresa Autotransportes Lumaca S.A. mantiene deficiencias que afectan la calidad y seguridad del servicio.
La empresa solicitó a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) un ajuste de ₡80, con el que el pasaje pasaría de ₡700 a ₡780.
Durante la audiencia pública, la Defensoría argumentó que la empresa presenta fallas estructurales documentadas en informes de la propia ARESEP y de la institución, por lo que considera que no debe aprobarse el incremento sin que antes se corrijan esos problemas.
Entre los principales señalamientos destaca un mantenimiento insuficiente de la flotilla y una calificación ciudadana de 69,05 puntos, por debajo del promedio nacional.
Además, indicó que aunque la cantidad de pasajeros disminuyó un 10,3% entre 2021 y 2024, la empresa redujo los viajes en un 23,3%, lo que ha provocado sobrecupo durante seis años consecutivos. Según el informe, algunos autobuses transportan hasta 91 pasajeros por viaje, pese a que la capacidad autorizada es de 66.
La Defensoría también señaló incumplimientos en los horarios. Estudios de la Intendencia de Transporte determinaron un cumplimiento general de salidas del 83,3% y de apenas un 78,1% en las que parten desde San José.
Asimismo, cuestionó que la empresa operara con 56 autobuses cuando, según los estudios, se requieren 77 unidades para atender adecuadamente la demanda.
Otro de los puntos señalados es el aumento en los registros de viajes reportados con "cero pasajeros", que, excluyendo el año 2020 por la pandemia, se multiplicaron por 5,4 desde 2021, situación para la que la Defensoría solicita una justificación técnica.
La institución sostuvo que aprobar el aumento tarifario sin corregir previamente estas deficiencias dejaría en desventaja a las personas usuarias y equivaldría a avalar el incumplimiento del servicio.
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