Diputados anuentes a dar más presupuesto a OIJ para investigar a testaferros de armas
Proyecto de ley busca castigar con hasta 12 años de cárcel a quien preste su arma a terceros para la comisión de delitos.
Los diputados aseguran estar anuentes a dar más presupuesto al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para que se puedan investigar a los testaferros de armas, en caso de que el proyecto de ley de esta naturaleza se apruebe.
La aseveración se da luego de que los magistrados dejaran en claro que están de acuerdo con crear este nuevo delito, pero que no les deja de preocupar la incapacidad que tendría la Policía Judicial para asumir esa nueva carga de trabajo.
Los legisladores aseguraron que están dispuestos a facilitar los recursos que se necesiten para mejorar la seguridad del país.
“Como diputados hemos venidos dándole mayores recursos al Poder Judicial para que pueda actuar, para que pueda ejercer sus funciones con eficiencia y que se cumpla la ley. Si esto (la aprobación del proyecto de ley) significa que tenemos que aportar más recursos, los diputados lo hemos dicho claramente: Estamos con la mayor disposición; es nuestro objetivo, es nuestra prioridad y tenemos que trabajar todos para mejorar la seguridad del país”, aseveró Gilberth Jiménez, legislador liberacionista.
Esa pretensión quedó plasmada en el proyecto de ley N.° 24.000, propuesto por la diputada Gloria Navas y el cual busca definir esta conducta como un delito de acción pública.
¿Qué pretende el texto?
Las autoridades aseguraron que detectaron una nueva modalidad de los sicarios para obtener su armamento.
Según la Policía, estos han conseguido testaferros de armas; es decir, piden a personas que adquieran las pistolas de forma legal. Luego, estas se las dan a los grupos criminales para cometer desde asaltos, hasta sicariatos.
Ante ese escenario, la propuesta señala castigar a quienes presten su nombre de la siguiente manera:
- De cuatro a ocho años de prisión si la persona adquiere un arma para que sea usada por un tercero o por un grupo criminal.
- Aumentará de seis a diez años, dependiendo de la lesividad de los actos perpetrados y del profesionalismo criminal empleado.
- Si se comete un homicidio, la pena asciende a 12 años.
Eso sí, la pena aumentará hasta un tercio si los terceros son categorizados como crimen organizado.
El proyecto fue puesto en consulta del Ministerio Público, del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Corte Suprema de Justicia, Esta última consideró que, si bien es prudente su implementación, sí afecta el funcionamiento del Poder Judicial por provocar un aumento en la carga de trabajo.
Ante ello, la iniciativa deberá contar con el apoyo de al menos 38 diputados para poder ser aprobado.
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