El calendario electoral de 2026 toma forma: fechas clave para las elecciones nacionales
Desde el 30 de noviembre de este año, inician los procesos en torno a las elecciones 2026
El cronograma previo a las elecciones generales de 2026 en Costa Rica ya está definido, según informó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Según Héctor Fernández, director del Registro Electoral, las fechas críticas y los procedimientos necesarios están alineados para garantizar un proceso organizado y transparente.
Fechas importantes antes de las elecciones
- 30 de noviembre de 2025: A partir de esta fecha, el Poder Ejecutivo no podrá realizar cambios en la división administrativa del país, como la creación de nuevos distritos. Esto asegura estabilidad territorial durante el proceso electoral.
- 1.º de febrero de 2026: Fecha límite para que los nuevos partidos políticos presenten su solicitud de inscripción y cumplan con los requisitos establecidos. Aquellos que no logren completar el trámite antes de esta fecha no podrán participar en las elecciones nacionales de 2026.
- 1.º de agosto de 2026: Este es el último día para resolver las solicitudes de inscripción de partidos políticos y para que candidatos con cargos incompatibles, como ministros o magistrados, renuncien a sus puestos si desean postularse.
- Septiembre de 2026: Los partidos políticos deberán celebrar sus asambleas superiores antes de finalizar el mes, ratificando las candidaturas que se inscribirán en octubre.
- 1.º de octubre de 2026: Inicia oficialmente la convocatoria a elecciones nacionales, junto con el período de inscripción de candidaturas. Este evento marca el inicio del tramo final hacia el 1.º de febrero de 2026, cuando los costarricenses acudirán a las urnas para elegir al nuevo presidente y los diputados de la Asamblea Legislativa.
Según Fernández, el panorama político podría ser más fragmentado debido a una reducción en la militancia partidaria, fenómeno que se ha acentuado en las últimas décadas.
Además, se anticipa un esfuerzo logístico significativo, que incluye la organización del voto en el extranjero y la contratación de servicios esenciales como impresión de papeletas y pago a auxiliares electorales.
La preparación y coordinación entre instituciones serán clave para garantizar la eficiencia y transparencia del proceso.
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