Expertos creen en eficacia de extraditar delincuentes nacionales pero cuestionan viabilidad

Una de las figuras que sí ven el plan con buenos ojos es la expresidenta de la República, Laura Chinchilla, quien aseguró que esta es la única manera de contribuir con la solución a un problema mundial.

“Este proyecto lleva mi firma porque estoy de acuerdo. Estamos hablando de un fenómeno global. Esto es criminalidad organizada transnacional y, entonces, si no estamos dispuestos a darle instrumentos a nuestros jueces para que extraditen costarricenses -cuyos delitos están impactando otros países-, entonces no estamos contribuyendo a la solución del problema”, acotó.

Por su parte, los expertos en temas constitucionales, como el abogado Rubén Hernández, dijeron que, si bien esta figura ayudaría a reducir la criminalidad, no lo ven viable desde el punto de vista jurídico.

Explicó que el artículo 32 de la Constitución Política prohíbe la extradición y que, para variarlo, solo podría hacerse a través de una asamblea constituyente.

“Los convenios internacionales dicen que solo se pueden hacer una reforma a los derechos fundamentales si -por medio de la Asamblea Legislativa- se crean nuevos derechos o se van a reformar los existentes. En este caso, se estaría eliminando el derecho de los ciudadanos nacionales a no ser extraditados”, ahondó Hernández.

También recordó que hay tratados internacionales enfocados en el tema de derechos humanos que están por encima de las leyes nuestras, por lo que provocarían un conflicto de intereses.