Gobierno y Asamblea coinciden: 4,06% para Universidades Públicas es inviable

María Marta Carballo, jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), fue contundente al declarar que "el ajuste pretendido por las universidades del 4,06%, es desproporcionado y no se ajusta a la realidad posible que vive este país".

La diputada enfatizó que el problema no solo radica en la falta de recursos, sino en la forma en que estos han sido utilizados históricamente.

"Cuando a lo largo de la historia vemos que estos aumentos solo significan aumentos en gasto corriente, surgen dudas e inconformidades", agregó Carballo.

Desde la Comisión de Asuntos Hacendarios, Paulina Ramírez, presidenta de la comisión y diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), señaló que no se puede adelantar ni dar ningún criterio hasta tener el presupuesto en la Asamblea Legislativa.  

Ramírez cuestionó  la gestión del gobierno, afirmando que "es una gran irresponsabilidad que este gobierno delegue responsabilidades propias y que por primera vez en la historia ni siquiera pudieron llegar a un acuerdo con las universidades".

Alejandro Pacheco, diputado socialcristiano y también miembro de la Comisión de Asuntos Hacendarios, expresó su preocupación por la falta de diálogo entre el gobierno y las universidades.

"Nos tocará a la Asamblea Legislativa buscar un punto medio", comentó Pacheco, subrayando la necesidad de encontrar soluciones viables que no comprometan la estabilidad económica del país.

Mientras tanto, Gilberth Jiménez, diputado liberacionista, reconoció la importancia de la educación como un pilar fundamental, pero también resaltó la crisis económica que atraviesa el país.

"El presupuesto tiene ciertas limitaciones, y debemos buscar una balanza", afirmó Jiménez, quien también hizo un llamado al Poder Ejecutivo para que logre un consenso con los rectores.

En conjunto, las declaraciones de los diputados reflejan un consenso sobre la imposibilidad de cumplir con las demandas presupuestarias de las universidades, al tiempo que instan a las autoridades educativas a repensar sus solicitudes en el contexto de las restricciones económicas actuales.