Hacienda, diputados y Contraloría coinciden en necesidad de centralizar gestión de la deuda

Nogui Acosta, jerarca de Hacienda, explicó que en nuestro país el endeudamiento interno lo administra Tesorería Nacional y el externo Crédito Público, y que esto impide crear estrategias.

“La duración promedio del portafolio de deuda es cinco años, cada cinco años le damos vuelta a la deuda y por eso es que no podemos estructurar una estrategia. La idea de hoy es tener un organismo especializado en definir esas estrategias y esas políticas que no tenga la presión de la caja para estar definiendo esa gestión”, explicó Acosta en la comisión de Asuntos Hacendarios.

En ese mismo órgano legislativo, Marta Acosta, Contralora de la República, apoyó esta propuesta. No obstante, la jerarca considera necesario crear una ley.

“Si bien es cierto este proyecto pretende definir y centralizar el rol de gestión de deuda pública en una sola dependencia, lo cual vemos positivo, se consolida como un esfuerzo aislado dentro de una normativa que, como vimos en el 2021, es dispersa y es compleja, ante lo que se recomienda la emisión de una ley marco de deuda pública que, de manera coordinada, con el manejo eficiente de la liquidez del Estado, contribuyan a solventar las diferentes debilidades que, a la fecha, se han identificado en la gestión de la deuda, tanto a nivel de gobierno como de sector público”, manifestó Acosta.

La Contralora sí objetó que el proyecto elimina la supervisión del Banco Central de Costa Rica, el cual considera necesario en un papel de asesor del Estado.

Si bien la mayoría de los diputados de la Comisión de Hacendarios ve el proyecto con buenos ojos, también consideran necesaria la participación del BCCR, y además cuestionaron que se creen nuevas plataformas para la colocación de deuda.

Por otra parte, Paulina Ramírez, diputada de Liberación Nacional y presidenta de la Comisión, lamentó que el ministro de Hacienda pretenda que el Gobierno pueda endeudarse sin autorización del Congreso. Hoy, el Poder Ejecutivo necesita el permiso de los diputados para solicitar créditos, pero Acosta pretende que eso se elimine.

“Son los pesos y contrapesos necesarios entre poderes de la República: reformar la Constitución Política para que los créditos y eurobonos no pasen por el Congreso de la República es una propuesta que no contaría con nuestro respaldo porque no se puede perder el control y el resguardo de las finanzas públicas”, cuestionó Ramírez.