Magistrados ven riesgos en plan que busca encerrar a todos los sospechosos de narco

Riesgoso e, incluso, con aspectos que rayan en la inconstitucionalidad. De esa forma, los magistrados describieron el proyecto de ley que busca encerrar, sí o sí, a todos los sospechosos de narcotráfico y delitos conexos.

Durante la sesión de Corte Plena de este lunes, los 22 altos jueces discutieron esa propuesta, luego de escuchar el análisis hecho por la magistrada de Sala Tercera, Patricia Vargas.

En su exposición, Vargas detalló que enviar sin discriminación a prisión a personas que aún no han sido sentenciadas es inconstitucional, y así lo ha señalado la Sala Constitucional años atrás.

"En una resolución de 1992, hay dos, pero en una de ellas, tuvo la oportunidad de conocer sobre los delitos no excarcelables en materia de narcotráfico. Se planteaba existencia de prisión preventiva de obligatoria imposición en esos supuestos y la Sala Constitución entendió que tal proceder era inconstitucional", indicó Vargas.

Pero eso iría más allá, ya que, según dijo la magistrada, esto podría significar condenas contra el Estado costarricense, tal como ha pasado en otros países que han puesto en marcha planes muy similares como el que se votará en la Asamblea Legislativa.

"Esta propuesta de prosperar podría generar responsabilidades internacionales para Estado costarricense. Es claro también que con esa propuesta, la prisión preventiva deja de convertirse en una medida cautelar, porque no existe análisis del caso concreto, ni de las necesidad procesal de su imposición, sino que es una medida punitiva que se dicta anticipadamente porque no hay condenatoria para aquel momento", aseveró.

Por ello, para el alto juez Fernando Lara es de vital importancia advertirle a los diputados de los roces de constitucionalidad que tendría este plan.

"Hacerle ver a la Asamblea Legislativa de la inconveniencia y los posibles roces de inconstitucionalidad que pueda tener este proyecto. Me parece que es muy acertado hacerlo", recalcó el magistrado suplente de la Sala Constitucional, Fernando Lara.

Y es que los magistrados insistieron en que esto descartaría la presunción de inocencia que cobija a todos los imputados.

"Creo que es una reforma peligrosa. Creo que prácticamente sería algo automático el poner la prisión preventiva en casi toda esta clase de delitos y que no es conveniente. Se presume que toda persona es inocente hasta que no se demuestre su culpabilidad", puntualizó Ramírez.

Por estos cuestionamientos es que la mayoría de magistrados aseguraron que esto afecta el funcionamiento del Poder Judicial, ya que también generará mayor volumen de trabajo al tener más personas privadas de libertad.

Detallaron que, por ejemplo, al tener mayor cantidad de reos, la sección de cárceles del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) debe hacer más traslados, colapsando el servicio.

Ahora el texto con sus observaciones volverá a la Asamblea para que allí sea discutido en el plenario.