Municipalidad de Heredia apela fallo que rechazó suspender decreto sobre residuos sólidos
Aunque el Tribunal rechazó suspender de forma provisional el decreto sobre la regionalización de residuos, la Municipalidad de Heredia insiste en que su aplicación podría afectar la continuidad del servicio y presentó una apelación ante el Contencioso.
La Municipalidad de Heredia presentó una apelación al fallo del Tribunal Contencioso Administrativo que rechazó la medida cautelar solicitada contra el decreto ejecutivo 44974-S, que regionaliza la gestión de residuos sólidos en el país. La medida buscaba suspender provisionalmente la aplicación del reglamento, al considerar que afecta la autonomía municipal y pone en riesgo la continuidad de los servicios de recolección de basura.
El representante jurídico del municipio, Francisco Ugarte, aseguró que respetan el fallo, pero no lo comparten, y por eso decidieron apelar dentro del plazo legal. “La discusión seguirá en sede del Tribunal de Apelaciones del Contencioso Administrativo, donde haremos valer nuestros argumentos técnicos y jurídicos”, señaló. Según explicó, el punto central de la apelación es el peligro en la demora, ya que consideran que aplicar el decreto mientras se resuelve el juicio de fondo podría afectar un servicio esencial como el tratamiento y disposición de residuos.
Ugarte también explicó que la Municipalidad inició una gestión administrativa ante el Ministerio de Salud solicitando una excepción bajo el artículo 10 del mismo reglamento, lo cual les otorga hasta diez meses adicionales para tomar decisiones sin incumplir la norma.
Por su parte, la ministra de Salud, Mary Munive, celebró el fallo del tribunal y lo calificó como un respaldo al proceso de regionalización de residuos que impulsa el Gobierno. “Hacemos un llamado a los gobiernos locales a que dejen de invertir tiempo, energías y aparato legal en medidas cautelares, y se aboquen al cumplimiento de la ley que los obliga a ordenar el manejo de residuos desde 2010”, expresó.
El decreto 44974-S, vigente desde abril de este año, establece que cada municipalidad debe gestionar la disposición final de sus residuos dentro de una región previamente definida, lo que ha generado oposición de varios gobiernos locales que aseguran no contar con opciones viables dentro de sus territorios.
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