OIJ tendría menos dinero para proteger víctimas si se avala dar recompensas por capturar narcos

Sin embargo, esta iniciativa propone redistribuir esos bienes para poder garantizarse de allí un 10% que sería para el Fondo de Recompensas contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico.

Ahí es donde nace la advertencia ya que, los principales rebajos, los percibiría el Poder Judicial, al quitarle un 5% de los bienes decomisados al programa de protección de testigos y un 2% al CJIC. El otro 3% se lo rebajarían al presupuesto del ICD.

Esto causó especial preocupación en los magistrados, quienes conocieron esta propuesta del diputado Gilberth Jiménez en la sesión pasada de Corte Plena.

La alta jueza Patricia Vargas, quien estuvo a cargo del análisis del proyecto, aseguró que están de acuerdo con la génesis de la iniciativa. No obstante, quitar presupuesto a programas ya existentes para fortalecer otros no es una solución adecuada, máxime en los momentos de tanta violencia que vive el país.

Entonces, a su criterio, se estarían endosando más funciones con el mismo presupuesto, en detrimento de programas vitales del Poder Judicial.

"En resumen lo que se plantea es que se generan nuevas obligaciones con los mismos recursos, que se ven reducidos como ya indiqué y la conclusión es que sí afecta -por las razones dichas- la organización y funcionamiento del Poder Judicial", acotó la magistrada.

Roces de constitucionalidad

Pero, las observaciones no solo fueron en el sentido del detrimento de los programas, sino que también se enfocaron en las labores que se le estarían asignando a la Sala Tercera y que podrían tener roces de constitucionalidad.

La magistrada aseveró que el proyecto propone crear una comisión tripartita, entre el fiscal general o quien él designe, el director del OIJ y un integrante de esa cámara de Casación Penal. El objetivo sería crear la política general sobre el fondo de recompensas.

"Se les hace ver lo inconveniente que resulta que en cualquier supuesto se involucre un tribunal de la República en la comisión, porque está integrando a un miembro de la sala III que, como tal, tiene funciones jurisdiccionales y estamos cubiertos por el principio de imparcialidad", explicó.

Ante esto, la magistrada Patricia Solano también mostró su oposición a esta nueva función que se les estaría asignando, ya que los altos jueces no deben involucrarse en labores preventivas.

"El tema central precisamente es esa conformación que se le da a una persona magistrada integrante de un Poder de la República en labores preventivas. Es decir, las competencias constitucionales que difieren de lo que está establecido actualmente. Nos trasladarían una responsabilidad de constituir la política criminal del Estado, que eso es una labor propia del Poder Ejecutivo", señaló Solano.

Ante estos cuestionamientos, los altos jueces votaron porque este proyecto sí afectaría el funcionamiento del Poder Judicial, por lo que ahora deberá contar con el respaldo de 38 diputados para convertirse en ley.