Seguridad usaría presupuesto extraordinario para contratar 500 policías en este 2023
La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa discute el segundo presupuesto extraordinario para el 2023.
El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, aseguró que de contar con la aprobación del segundo presupuesto extraordinario que contempla ¢6 mil millones para esa cartera, contratarían a 500 nuevos policías. Además, usarían esos recursos para mejorar las sedes policiales y la flotilla vehicular.
Actualmente, en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, se discute el segundo presupuesto extraordinario para el 2023.


Allí es donde se buscaría darle ese contenido presupuestario a esa cartera. En el caso de las plazas policiales, el jerarca explicó que el ministerio tiene la capacidad de realizar 1.239 nombramientos, entre nuevas contrataciones y movimientos internos.
Además, agregó que, cada día, hay cerca de 300 personas interesadas en incorporarse a la policía; sin embargo, solo el 10% logran aprobar el proceso de pruebas y capacitación.
“El esfuerzo que estamos haciendo es reactivar la Escuela Nacional de Policía a plenas capacidades para que justamente recobremos el punto crítico, el cual conforme hay gente que deja el puesto, haya nuevos reclutas que pasen a llenar esas posiciones”.
Además, de acuerdo con Zamora, hay cientos de vehículos en mal estado, así como delegaciones con órdenes sanitarias.
“Tenemos casi 1.500 vehículos, de los cuales 605 están en muy mal estado. De las 429 de las sedes policiales, 134 están con órdenes sanitarias, pero son alrededor de 50 más las que requieren mejora y en el campo del recurso humano también hay un escenario de mejora que estamos también trabajando”.
¿De dónde vendría el dinero?
En este segundo presupuesto extraordinario, el Ministerio de Hacienda sugiere trasladar cerca de ¢6 mil millones del Ministerio de Seguridad.
Esos recursos se le restarían al Ministerio de Educación Pública (MEP) y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), cuyos jerarcas aseguraron a los diputados que esa modificación presupuestaria no afectaría servicios como el traslado de estudiantes o bien el pago de expropiaciones.
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