Sindicato de educadores dice que Sala IV recordó la exigencia del 8 por ciento al MEP
Magistrados declararon inconstitucional presupuesto 2025 porque no da ese porcentaje al MEP
Para el Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), el fallo que emitió la Sala Constitucional este martes recuerda la exigencia de dar el 8% del PIB a la educación pública.
Cabe recordar que los magistrados constitucionales evacuaron una consulta hecha por la Defensoría de los Habitantes en lo relacionado con la asignación presupuestaria al sector educación.
Tras el análisis, los altos jueces determinaron que el presupuesto 2025 es inconsitucional porque el Gobierno no dio el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) al Ministerio de Educación Pública (MEP), lo cual constituye una violación al mandato establecido en el artículo 78 de la Constitución Política.
Ante esto, Gilberth Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), aseveró que este fallo marca un "hito" en la historia del país.
"Viene a marcar un hito en nuestra historia porque exige el cumplimiento y respeto a la Constitución Política. Esto sigue fortaleciendo la posición del sindicato, la cual hemos venido sosteniendo a lo largo del tiempo. Con ella exijimos que se le de a la educación pública el presupuesto que corresponde. Además, esto viene a establecer que la educación pública es un derecho universal fundamental que promueve movilidad social en ascenso al desarrollo de un país", enfatizó Díaz.
Con una posición muy similar, la Defensoría de los Habitantes celebró el fallo de ese órgano, recalcando la importancia de girarel dinero necesario para educar a los más pequeños del país.
"Como ha sido la posición de esta Defensoría y que lo hicimos saber durante la discusión del presupuesto, la reducción tan marcada en la educación genera regresividad en los derechos humanos, que afecta de forma marcada al derecho de niños y adolescentes y juventudes, quienes no tienen acceso a una educación digna, de calidad e inclusiva en todo el territorio nacional", indicó Angie Cruickshank, defensora de los Habitantes.
La consulta se tramitó bajo el expediente legislativo N° 24.535.
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