Diputados archivan proyecto que disminuía aportes al ROP para fortalecer FCL

La semana anterior la gerencia de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) explicó su oposición a la propuesta, este martes lo hizo la Superintendencia de Pensiones (SUPEN).

Rocío Aguilar, Superintendente de Pensiones, tiene la misma posición que la CCSS, y es que considera que disminuir los aportes al ROP de un 3% al 2.25%, tendría efectos nocivos sobre las pensiones de los trabajadores.

“Al tomar recursos del ROP va a tener un efecto, digamos en la sostenibilidad del IVM. ¿Por qué tiene un efecto en la sostenibilidad de IVM? Porque cuando la Ley de Protección del Trabajador se aprobó, parte de lo que se buscaba es que el ROP pudiera apalancar algunas decisiones que tenía que tomar IVM. Entonces si debilitamos el ROP indirectamente estamos comprometiendo parte de la sostenibilidad de IVM. Por otro lado, si tomamos parte de los recursos del ROP por supuesto vamos a debilitar el Fondo Complementario de pensión que básicamente nace para complementar la pensión básica. No resuelve los problemas que realmente tiene el Fondo de Capitalización laboral, mantiene el retiro quinquenal, que prácticamente es utilizado por todos los trabajadores”, aseguró Aguilar.

La jerarca de la Supen aseguró que se debe dar una discusión sobre el objetivo del FCL, para que este se convierta realmente como una especie de seguro de desempleo.

“Entonces el beneficio que en teoría se está persiguiendo no va a compensar los costos que implicaría este proyecto; va a tener un efecto nocivo para las pensiones de los costarricenses. Si caracterizamos el Fondo de Capitalización Labora es un fondo con muy poco volumen y es un fondo con muy poco volumen por dos razones fundamentales: los problemas de fondo que tenemos en materia de empleo o desempleo, donde muchísimas personas, un alto porcentaje de las personas, antes del quinquenio incluso han retirado el Fondo de Capitalización Laboral con un saldo realmente muy bajo”, agregó.

La comparecencia de Aguilar fue la última en el análisis del proyecto y, tras su explicación, de manera unánime, los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa decidió archivar la propuesta.