Testaferros de armas irían hasta 12 años a prisión

Según el texto propuesto, las penas serían:

• De cuatro a ocho años de prisión si la persona adquiere un arma para que sea usado por un tercero o por un grupo criminal.
• Aumentará de seis a diez años, dependiendo de la lesividad de los actos perpetrados y del profesionalismo criminal empleado.
• Si se comete un homicidio, la pena asciende a 12 años.

Eso sí, la pena aumentará hasta un tercio si los terceros son categorizados como crimen organizado.

Debido al alcance de este proyecto, los legisladores enviaron el texto a consulta a la Corte Suprema de Justicia, al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio Público.

El director del OIJ, Rándall Zúñiga, aplaudió la propuesta porque esto les permitirá frenar un fenómeno que viene en alzada y que está empeorando la situación país.

"Esto les está abriendo ventajas a los grupos criminales organizados dado que se intensifica su dotación de armas para la comisión de sus delitos y por ese motivo es que consideramos esencial que se sancione a quienes de modo maledicente adquieren armas en el mercado legítimo con la finalidad de que sirvan como herramientas para que terceros agudicen la violencia que se viene imprimiendo en el país”, se lee en el oficio 93-DG-2024, que el jerarca envió a los diputados en febrero pasado.

En cuanto a los magistrados, estos reconocieron la importancia de perseguir esta conducta; no obstante, la mayoría consideró que esto afectaría el funcionamiento y organización del Poder Judicial ya que provocaría un importante incremento en la cantidad de trabajo.

"La dinámica de la criminalidad actual y esto me lo decía el subdirector del OIJ (Michael Soto), es que muchas armas que están nutriendo al crimen organizado son facilitadas por personas que las han adquirido de manera lícita. Ese es el espíritu del legislativo, pero eso nos llevaría a un incremento de las denuncias y un incremento en la participación de investigación del OIJ", mencionó Gerardo Rubén Alfaro, el alto juez.

Por ello, consideraron importante que los diputados consideren dotar de más recursos para poder aplicar esta normativa, en caso de aprobarse.

"De convertirse en ley, implicará un aumento en cargas de trabajo de órganos jurisdiccionales, así como auxiliares. En consecuencia, debería dotarse al OIJ de sustento económico específico con finalidad de sufragar costos operativos que aparejara la aplicación de la ley", acotó.

Debido a que los magistrados determinaron una afectación en su funcionamiento, el proyecto deberá contar con el apoyo de 38 diputados para poder ser aprobado.