El fallo judicial que devolvió la costa a los indígenas y sacudió al Caribe Sur

De hecho, se indica en los considerandos 2 y 3 lo siguiente: 2°-Que la delimitación de la Reserva Indígena de Cocles no fue la más apropiada porque incluye una zona costera cerca de la desembocadura del Río Cocles, que no ha sido habitada por indígenas en los últimos doscientos años. Además, la parte sureste de la Reserva de Cocles corresponde a asentamientos del IDA, ocupada exclusivamente por una población campesina no indígena.

3°-Que de lo anterior resulta que, en la mitad oriental de la Reserva Indígena de Cocles, no hay población indígena, y que la recuperación de estos terrenos causará un gasto enorme para el Estado, y grandes pérdidas y toda clase de perjuicios a los actuales propietarios y ocupantes.

Para intentar subsanar el despojo patrimonial y acallar los reclamos de la comunidad Bribrí, el propio Poder Ejecutivo ensayó una pirueta jurídica el 22 de marzo de 2001 mediante el Decreto N° 29.956-G. Este decreto otorgó a Këköldi una "compensación territorial", anexando tierras colindantes hacia el interior del cantón para conectarla directamente con la Reserva Indígena de Talamanca. Con este remiendo geográfico, el mapa de la reserva subió a 5.480 hectáreas.

El decreto de 2001 admitía que aún quedaban fincas privadas dentro de la nueva zona de compensación, por lo que ordenó al Ejecutivo gestionar un presupuesto extraordinario ante la Asamblea Legislativa —en un plazo improrrogable de dos años— para indemnizar y expropiar a los propietarios de buena fe. Sin embargo, el Estado, de forma sistemática, ignoró su propio mandato presupuestario.

La matemática de las 6.724 hectáreas

La Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Bribrí de Këköldi (ADITIK) batalló durante años en los tribunales para demostrar la ilegalidad del recorte de 1996. El litigio definitivo culminó el 12 de diciembre de 2019, cuando la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia dictó la histórica Sentencia N° 004507-F-S1-2019.

Los magistrados de casación aplicaron con severidad la Ley Indígena de 1977: dado que las 1.200 hectáreas costeras de Cocles habían sido excluidas por un simple decreto y no por una ley de la República, dicho recorte era absolutamente nulo. La Sala ordenó restituir de forma inmediata la Finca Matrícula 19.056-000 (el asiento registral original de las 3.538 hectáreas de la década de los setenta) a nombre de la ADITIK.
El impacto expansivo del mapa actual radica en el criterio de adición del tribunal.

La Sala Primera determinó que la devolución de la franja costera de Cocles no invalidaba ni sustituía la compensación territorial de 2001, puesto que aquella fue un acto voluntario del Estado para resarcir daños previos. De este modo, al sumar el bloque recuperado en el litoral (las 1.200 hectáreas originales) al territorio de interconexión consolidado en 2001, la superficie total de la Reserva de Këköldi quedó fijada de forma irreversible en 6.724 hectáreas, creando derechos para unos y restando derechos a otros como si fuera otra Costa Rica.