Vecinos de Cocles se quedaron sin propiedades de la noche a la mañana

Esta última normativa declaró los 200 metros de la franja litoral como patrimonio nacional, inalienable e imprescriptible, y estableció la división técnica que regía hasta hoy: los primeros 50 metros corresponden a la zona pública (de libre tránsito) y los siguientes 150 metros a la zona restringida (sujeta a concesiones municipales). No obstante, en Cocles el Estado perdió esta franja y ahora pertenece a la ADITIK, la cual constituye una organización privada según la línea jurisprudencial de la Sala Constitucional.

Si en el papel la consolidación de las 6.724 hectáreas representa un triunfo de la justicia agraria ancestral, en el suelo de Cocles ha desatado una crisis de gobernanza sin precedentes. Tras ejecutarse la donación e inscripción formal de las tierras a favor de la ADITIK en 2022, ya que el Estado central volvió a abandonar el proceso, dejando solas a las fuerzas locales en una colisión inevitable, pues nunca se dio el traspaso en el 2022, pues se presentó un traspaso, pero no se inscribió por falta de plano.

La Municipalidad de Talamanca, atrapada entre la legislación indígena y las solicitudes de desarrollo urbano, optó por una salida de facto: congelar el otorgamiento de licencias de construcción, visados y patentes comerciales en todo el sector costero de Cocles, a menos que el interesado presente un "aval escrito de la ADITIK". Lo alarmante de la medida es que el ayuntamiento la comunica de manera estrictamente verbal. No existe una directriz escrita, un reglamento formal ni una reforma al Plan Regulador que faculte legalmente a la Municipalidad para delegar sus competencias de planificación urbana en una asociación comunal que incluso no es la dueña registral de las fincas, sumiendo a los contribuyentes en una absoluta indefensión administrativa.

Ante la inacción del gobierno local y el impago de las expropiaciones estatales, la dirigencia de la ADITIK pasó a la ofensiva. Durante su Asamblea General del 18 de mayo de 2025, la organización confirmó la ejecución de una estrategia judicializada al límite: mantienen activos nueve desalojos administrativos ante el Ministerio de Seguridad Pública y, de forma paralela, interpusieron una denuncia penal contra los funcionarios municipales de Talamanca por continuar emitiendo permisos dentro de los linderos de la Finca 19.056.

Esta presión obligó al Ministerio Público a tomar cartas en el asunto por la vía criminal. La Fiscalía ordenó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) destacar equipos en la zona de Cocles para realizar un censo forzoso, levantar linderos georreferenciados y fichar a los ocupantes no indígenas bajo expedientes penales por el presunto delito de usurpación de tierras (Artículo 225 del Código Penal). Familias, hoteleros y comerciantes que compraron de buena fe bajo el amparo de los decretos de 1996 hoy ven llegar a la policía judicial a medirlos como presuntos delincuentes.

El costo de la fe del Estado

La crisis humanitaria y económica de Cocles no es responsabilidad de la comunidad indígena que reclama sus derechos con un fallo de casación en la mano, ni de los pobladores que invirtieron sus capitales confiando en la publicidad registral, la confianza legitima del sistema costarricense y en los decretos que el propio Estado firmó y mantuvo vigentes por un cuarto de siglo.

La responsabilidad recae de forma exclusiva en la crónica inercia del Estado central. Al no tramitarse los presupuestos extraordinarios ante la Asamblea Legislativa para que el INDER y la CONAI ejecuten los avalúos comerciales y paguen las expropiaciones forzosas de buena fe dictadas por la Sala Primera, el gobierno ha creado una zona de exclusión jurídica. En el Caribe Sur, el mapa está cerrado y blindado en 6.724 hectáreas; pero mientras el Estado no pague su deuda histórica, esas hectáreas seguirán delimitadas por el miedo al desalojo, la parálisis económica y la sombra de la vía penal.

En nuestra siguiente entrega conoceremos “La Otra Costa Rica”, donde el Consejo de Mayores de ADITIK se quejan de la Asociación de Desarrollo Indígena Këköldi, los cobros abusivos y el mal trato por parte de las autoridades médicas.