Oficialismo impulsará la venta del BCR en el nuevo año legislativo
A pesar de las garantías de que la venta del Banco de Costa Rica no afectará las condiciones actuales de los clientes, la oposición se mantiene firme en su decisión de no respaldar el proyecto.
La diputada Pilar Cisneros reveló que la venta del Banco de Costa Rica (BCR) se sitúa en la cúspide de la agenda legislativa oficialista, anticipando generar más de $1.700 millones para la deuda nacional.
Este plan, sin embargo, encendió el debate con voces de la oposición y sectores sociales expresando serias reservas.
La fracción Verdi Blanca y la Unidad Social Cristiana destacan preocupaciones sobre la inconstitucionalidad del proyecto y la inclusión de una "ley mordaza" que podría oscurecer el proceso de venta.
Mientras el Frente Amplio apela al Ejecutivo para reconsiderar la propuesta, citando dudas sobre su factibilidad, figuras como Eli Feinzaig del Liberal Progresista defienden la venta como un paso hacia una mayor eficiencia y competencia en el sistema bancario, aunque admiten tener reservas sobre algunos detalles.
La diputada independiente María Marta Padilla se sumerge en el análisis, buscando una postura definitiva.
Garantías legales a los clientes
El marco legal propuesto promete una transición sin sobresaltos para los clientes del BCR, asegurando la continuidad de servicios bajo la nueva administración.
Todos los activos y pasivos, junto con contratos y situaciones jurídicas, serán traspasados íntegramente al o los compradores, garantizando la protección de los derechos de los clientes.
La discusión no se limita a aspectos legales o financieros; trasciende a implicaciones sociales profundas, especialmente en cuanto al rol histórico del BCR en el apoyo a cooperativas y organizaciones sociales.
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