Costa Rica declara estado de emergencia nacional por daños causados por fuertes lluvias

En respuesta a los efectos provocados por el Huracán Rafael, la inestabilidad atmosférica causada por la Zona de Convergencia Intertropical y el paso de la Onda Tropical N° 45, el Gobierno de Costa Rica ha declarado un estado de emergencia nacional. Esta medida abarca varias regiones afectadas entre el 1 y el 12 de noviembre de 2024, debido a los daños provocados por lluvias intensas, vientos fuertes, inundaciones y deslizamientos.

Específicamente aplica para los siguiente cantones: Pérez Zeledón; en Alajuela, los cantones de San Ramón, Grecia y Atenas; en Guanacaste, Nicoya, Santa Cruz, Carrillo, Cañas, Abangares y Nandayure; en Puntarenas, los cantones de Puntarenas, Buenos Aires, Osa, Quepos, Golfito, Coto Brus, Parrita, Corredores, Garabito y Puerto Jiménez; y en Limón, el cantón de Pococí.

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) emitió la Alerta N°44-24, indicando Alerta Roja en las regiones del Pacífico Sur, Pacífico Central y Pacífico Norte; Alerta Naranja en el Valle Central, Zona Norte y Caribe Norte; y Alerta Amarilla en el Caribe Sur. Los daños incluyen afectaciones en la red vial nacional y cantonal, centros de salud, instituciones educativas y sistemas de abastecimiento de agua potable. Estos desastres también han generado desplazamientos, comunidades incomunicadas y pérdida de medios de subsistencia, con un impacto significativo en propiedades públicas y privadas.

La emergencia abarca tres fases de acción: respuesta, rehabilitación y reconstrucción. La CNE coordinará las medidas necesarias junto a entidades públicas y privadas para restaurar las zonas afectadas y garantizar la seguridad de los habitantes.

Las autoridades han autorizado la simplificación de trámites administrativos y legales para asegurar una respuesta rápida. La CNE podrá utilizar fondos y recibir donaciones de organismos públicos y privados, así como emplear remanentes de otras emergencias vigentes. Los propietarios de terrenos en las áreas afectadas deberán permitir la ejecución de trabajos y obras esenciales para atender la emergencia.

Esta declaratoria de emergencia tendrá vigencia hasta que el Poder Ejecutivo disponga, con base en informes de la CNE, o hasta el plazo máximo estipulado por la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo.