Corte Plena aprueba recorte de ¢13 mil millones para 2026 y advierte impacto en lucha contra crimen
La reducción presupuestaria frena la apertura de delegaciones del OIJ en zonas críticas, mientras la Corte rechaza un nuevo recorte para 2027.
La Corte Plena del Poder Judicial, integrada por sus 22 magistradas y magistrados, acordó por mayoría aplicar un recorte de ¢13.242 millones en su presupuesto en ejecución para el año 2026. La medida responde a una solicitud del Ministerio de Hacienda en aras de la sostenibilidad fiscal del país. Sin embargo, la institución advirtió que la reducción afectará directamente la prestación de servicios a la ciudadanía y debilitará las estrategias orientadas a combatir el crimen organizado y agilizar los procesos judiciales.
El impacto más severo de este ajuste financiero recae sobre los recursos destinados al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio Público, con un impacto directo en zonas estratégicas. Del monto total recortado, ¢8.687.877 corresponden a fondos aprobados por la Asamblea Legislativa en el cuatrienio anterior para la creación de plazas y el fortalecimiento policial. Este recorte frena la apertura de dos subdelegaciones clave en La Cruz y Cabo Velas, así como una oficina policial en Puerto Jiménez, debido a que Hacienda no autorizó la ejecución de los recursos y los eliminó del presupuesto de 2027.
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