Recope denuncia penalmente a exjerarcas por presuntas irregularidades en convenios con Ad Astra
Este miércoles fue destituida la Gerenta General de Recope.
Recope interpuso una denuncia penal contra exjerarcas de la institución debido a presuntas irregularidades relacionadas con tres convenios que resultaron en un desembolso de $2,1 millones. Los hechos investigados ocurrieron entre 2011 y 2015, periodo en el cual Recope y Ad Astra firmaron acuerdos para investigar y desarrollar el uso del hidrógeno como materia prima para combustibles.
Karla Montero, presidenta de Recope, explicó que la entidad debe pasar por una reforma de ley en la Asamblea Legislativa para poder participar en este tipo de proyectos, ya que sus competencias están claramente delimitadas.
Detalles de los Convenios
Primer Convenio (Octubre 2011): Recope aportó $300,000 para un estudio de factibilidad sobre un sistema de almacenamiento de hidrógeno.
Segundo Convenio (Julio 2012): Recope desembolsó $1,4 millones para el diseño de un sistema de producción y almacenamiento de hidrógeno.
Tercer Convenio (Febrero 2014): Recope destinó $400,000 para operar el sistema de producción y almacenamiento de hidrógeno.
Durante este periodo, Recope consultó a la Contraloría General de la República sobre la legalidad de estos convenios, recibiendo respuesta de que no requerían autorización contralora. Además, dos decretos firmados por la expresidenta Laura Chinchilla y otros funcionarios, autorizaron a Recope a investigar energías alternativas y brindaron contenido económico al convenio con Ad Astra.
Suspensión del Proyecto
Después de desembolsar los $2,1 millones, Recope solicitó el criterio de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre sus competencias en biocombustibles. La PGR concluyó que Recope carecía de competencia legal para incursionar en la producción e industrialización de biocombustibles, lo que llevó a la administración actual a presentar una denuncia penal por presunto incumplimiento de deberes.
Asimismo, se destituyó a la Gerenta General para no entorpecer la investigación judicial, ya que participó en las decisiones iniciales de la firma del primer convenio.
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