▶︎ Vídeo ¿Qué pasa con los ticos extraditados una vez que llegan a USA?
El traslado de ciudadanos costarricenses requeridos por la justicia de los Estados Unidos ha marcado un hito en la historia judicial del país.
Con la reciente concreción del proceso de extradición de Gilbert Bell Fernández, conocido como "Macho Coca", la mirada pública vuelve a centrarse en el itinerario legal y operacional que enfrentan los sospechosos de narcotráfico tras despegar de suelo costarricense. Pero, ¿cuál es el protocolo una vez que pisan territorio estadounidense?
El procedimiento comienza inmediatamente al aterrizar el avión de las agencias federales (como la DEA).
El detenido es custodiado por el U.S. Marshals Service y trasladado a un centro de detención federal o cárcel de condado temporal dentro de la jurisdicción de la Corte que solicitó la extradición.
En un plazo máximo de 24 a 48 horas, el extraditado realiza su primera comparecencia ante un juez magistrado federal. En esta vista inicial, las autoridades le notifican formalmente los cargos penales presentados en su contra, le leen sus derechos constitucionales y se le asigna o confirma su representación legal.
Posteriormente, tiene lugar la audiencia de imputación de cargos (arraignment). Durante esta diligencia, la persona imputada debe declararse "culpable" o "no culpable". Si el imputado se declara no culpable, la Corte fija las fechas para el intercambio de pruebas (discovery) y la programación de un juicio por jurado.
Asimismo, debido al alto riesgo de fuga y la gravedad de las imputaciones por narcotráfico transnacional, los tribunales federales suelen ordenar la prisión preventiva sin derecho a fianza durante todo el desarrollo del proceso judicial.
Este riguroso marco es el mismo que comenzaron a transitar en marzo los dos primeros costarricenses extraditados bajo las nuevas reformas constitucionales: el exmagistrado Celso Gamboa y Edwin Daney López Vega, alias "Pecho de Rata".
Ambos fueron trasladados bajo estricta custodia para enfrentar a la justicia federal —en su caso en Texas— acusados de cargos por conspiración y distribución de sustancias ilícitas. El proceso incluye el cumplimiento estricto de las garantías diplomáticas ofrecidas a Costa Rica, las cuales impiden la imposición de pena de muerte o penas superiores al tope de 50 años de prisión admitido en la legislación costarricense, además de reconocer el tiempo cumplido en prisión preventiva previa.
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