TSE consulta a la Sala Constitucional sobre la Ley Jaguar 2.0
Consulta plantea dudas sobre el control y fiscalización por parte de la Contraloría
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) presentó una consulta ante la Sala Constitucional respecto a la segunda versión del proyecto de ley 24.467, conocido como la "Ley Jaguar".
Esta consulta surge a pesar de que el Ejecutivo afirma que la nueva versión respeta las recomendaciones previas de la Sala, y se centra en los artículos 2, 4 y 5 del texto, basándose en observaciones realizadas por la Contraloría General de la República (CGR).
Fundamentos de la Consulta
El TSE presentó la consulta para asegurar que la segunda versión de la Ley Jaguar cumpla con la Constitución. La principal preocupación se relaciona con la posible derogación tácita de algunas competencias de la Contraloría General de la República, específicamente en lo que respecta al control y fiscalización de la hacienda pública.
Según Andrei Cambronero, Jefe de Despacho de la Presidencia del TSE, el tribunal plantea la interrogante ante los magistrados y magistradas constitucionales para garantizar que el proyecto cumpla con todas las disposiciones legales y no vulnere los principios establecidos.
La institución electoral también cuestiona si las disposiciones relacionadas con la contratación administrativa y la habilitación de alianzas público-privadas para obra pública, incluidas en la Ley Orgánica de Japdeva, cumplen con los principios constitucionales, en especial el de licitación pública.
"La habilitación legal se corresponde con el marco constitucional por eventualmente ser una excepción legítima de licitación pública o si, por el contrario, es una transgresión", añadió Cambronero.
Posición del ejecutivo
Por otro lado, la Ministra de la Presidencia, Laura Fernández, expresó su frustración ante los nuevos retrasos en el avance de la Ley Jaguar, sugiriendo que estos atrasos podrían estar evitando que el pueblo costarricense participe en un referéndum sobre el proyecto.
Fernández cuestionó la falta de urgencia en aprobar una ley que, según ella, generaría cientos de miles de empleos en Limón y permitiría ahorros significativos para el país.
"¿Será que los cientos de miles de empleos que se van a generar para Limón no son razón suficiente para priorizar estos temas en nuestro país?", preguntó Fernández.
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