Oficialismo acusa al fiscal general de filtrar información sobre financiamiento del PPSD; Carlo Díaz niega señalamientos

El informe que puso en la mira al oficialismo

El documento en cuestión, elaborado por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, fue concluido el 29 de noviembre de 2024 y señala posibles delitos electorales en la campaña que llevó a Rodrigo Chaves a la presidencia en 2022.

Según la publicación de La Nación, el PPSD operó dos estructuras paralelas de financiamiento, un esquema descrito como "opaco, clandestino y oscuro".

El 17 de enero de 2025, la Fiscalía General, encabezada por Díaz, realizó una diligencia en el TSE para secuestrar los documentos.

Diputados fijan su postura

Las acusaciones del oficialismo generaron un debate en la Asamblea Legislativa. Desde la oposición, el diputado Oscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), criticó la postura del Gobierno y aseguró que "lo que intenta el Ejecutivo es desviar la atención de los verdaderos problemas de este caso. El informe del TSE es claro en señalar irregularidades en el financiamiento del partido oficialista, y el país merece respuestas, no confrontaciones con el Ministerio Público".

Por su parte, el diputado y presidente del Partido Liberal Progresista (PLP), Eli Feinzaig, exigió transparencia en el proceso y respaldó el papel de la Fiscalía en la investigación.

"Si el Gobierno no tiene nada que ocultar, debería colaborar con las autoridades en lugar de atacar al fiscal general. Los costarricenses necesitan claridad sobre cómo se financió esta campaña", señaló Feinzaig.

Desde el Frente Amplio, el diputado Ariel Robles manifestó que el oficialismo "está intentando victimizarse en lugar de rendir cuentas sobre el uso de financiamiento en su campaña. Es preocupante que la respuesta del Gobierno sea atacar a las instituciones en lugar de demostrar su inocencia con hechos".

En la misma línea, la diputada Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), señaló que "las declaraciones de la diputada Cisneros son graves y requieren pruebas contundentes. No podemos permitir que se utilicen estas acusaciones como una cortina de humo para desviar la atención de una posible violación a las normas electorales".

El jefe de fracción de Nueva República, Pablo Sibaja, tomó una posición más moderada y expresó que "la Fiscalía debe actuar con total independencia y transparencia, pero también es válido cuestionar si ha habido filtraciones indebidas que puedan afectar la credibilidad del proceso".

Luz Mary Alpízar en la mira del informe

La diputada y presidenta del PPSD, Luz Mary Alpízar, también fue señalada en el informe del TSE por tener conocimiento del financiamiento paralelo, así lo señaló la publicación de La Nación.

Correos electrónicos recabados muestran que Alpízar estaba al tanto de que el fideicomiso Costa Rica Próspera sufragó bienes y servicios de naturaleza electoral para la campaña del partido.

Mientras tanto, el presidente Rodrigo Chaves, el vicepresidente Stephan Brunner y el canciller Arnoldo André Tinoco han sido mencionados como posibles responsables de delitos electorales relacionados con este esquema de financiamiento. Hasta el momento, ninguno ha emitido declaraciones públicas al respecto.

Filtración en medio de investigación penal

El abogado del presidente Rodrigo Chaves, José Miguel Villalobos, aseguró que la investigación "es un intento de dañar la imagen del Gobierno", y que "el financiamiento de la campaña del PPSD fue completamente legal". Además, declaró que todo apunta a que la información fue filtrada por Díaz.

"El artículo 295 del Código Procesal Penal establece que las investigaciones preparatorias en los procesos penales son privadas. Esa es una regla que no tiene excepciones. ¿Eso qué significa? Que cuando un proceso penal se encuentra en etapa de investigación, como es este caso, no se puede dar a conocer información detallada sobre el caso. Por ejemplo, la distribución y divulgación de todo este informe es absolutamente violatoria del numeral 295 del Código Procesal Penal. Adicionalmente, el 394 del mismo Código Procesal Penal señala que cuando se investigan a funcionarios de los miembros de los supremos poderes protegidos por un fuero, como lo que se llama inmunidad, únicamente el fiscal general es el responsable de la investigación. Tercero, este informe fue remitido por la Dirección de Financiamiento de Partidos Políticos directamente al fiscal general", declaró Villalobos.

Para el abogado del mandatario Chaves, las repercusiones que pueda tener (lo dicho por la publicación) las analizará, pues no quisiera adelantar si eso anula o no. Ya ha ocurrido en otros casos donde partes de expedientes se han filtrado y cada caso es diferente, habrá que determinar en cuánto daña eso el proceso o si se trata claramente de licenciar, lo que, para él, parece obvio, una actitud parcializada del Fiscal General.