Defensoría denuncia que entidades sociales se ven limitadas por regla fiscal
DESAF, IMAS y CONAPDIS no pudieron ejecutar todo el presupuesto del 2023.
La Defensoría de los Habitantes informó, mediante un comunicado de prensa, que tras consultas a cuatro instituciones del sector social que atienden a poblaciones vulnerables y en estado de pobreza, determinó que tres de ellas se vieron afectados en el 2023 por la regla fiscal.
La Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), informaron a la Defensoría que debido a la regla fiscal, hubo una reducción en los recursos que utilizaron.
Solo el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), aseguró no tener afectación.
DESAF indicó a la Defensoría que para el 2023 se proyectaron ingresos por más de ¢696 mil millones; no obstante, debido a la aplicación de la regla fiscal y la discusión del presupuesto en la Asamblea Legislativa, se le aplicó una reducción de más de ¢43 mil millones (es decir, del 6,28%). Estos recursos que no se presupuestaron estaban destinados al financiamiento de programas sociales que atienden a personas en condición de pobreza y pobreza extrema con el porcentaje o monto establecido por ley.
El presupuesto del IMAS fue de ¢257 mil millones y, de ese total, el 30,94% están bajo los lineamientos de la regla fiscal: más de ¢79 mil millones. Indicaron que la aplicación de la regla fiscal no limita el servicio de atención a usuarios, lo que afecta es el otorgamiento de los subsidios para el caso de los recursos que están pendientes de ingresar al presupuesto institucional, tampoco se ha visto limitada la operativa institucional. Señalaron que se vio afectado el programa AVANCEMOS en ¢7.671 millones en lo referido a la fuente de financiamiento del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Por su parte, el CONAPDIS señaló que su presupuesto total ascendió a ¢16 mil millones y contempló una reducción del 2,85% respecto al del año 2022; situación que afectó a más de 4.500 personas con discapacidad en pobreza y abandono, impidiendo que las personas que ya están en los programas tuvieran aumento por costo de vida desde hace años y las personas que requieren ingresar, en listas de espera no puedan efectuarlo. Argumentaron que esta población no podrá pagar su vivienda, alimentación, cuido, medicamentos, entre otras.
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