Ministra de Planificación asegura que Ciudad Gobierno 'va porque va' pese a advertencias de Contraloría

La viabilidad del proyecto Ciudad Gobierno en Costa Rica sigue siendo incierta tras la advertencia de la Contraloría General de la República (CGR).

El proyecto implica que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) construya una obra de $450 millones y, luego, alquile el uso de los inmuebles al Estado. La Contraloría ha señalado dificultades en ejecutar el proyecto bajo esta modalidad.

Aún con todo esto, la ministra de Planificación, Laura Fernández, insistió en que el proyecto sigue adelante, pese a que el movimiento de tierras estaba programado para diciembre y pese a que que la Contraloría aún no ha respondido a un recurso de revocatoria con apelación en subsidio que se presentó hace cuatro semanas.

Se espera que se aplique el artículo 67 de la Ley de Contratación Pública y que el esquema del proyecto se ajuste a un arrendamiento operativo.

Fernández afirmó: "Le hemos dado a la Contraloría los criterios técnicos de legalidad y todo lo demás que consideramos importante, pero nada está escrito en piedra, es un proyecto que está en diseño. Lo que sí está escrito en piedra y le puedo garantizar es que este proyecto va porque va (...) El retorno económico que le genera a Costa Rica el eliminar la dependencia de alquileres en un mediano plazo y alivianar la carga en el presupuesto nacional genera demasiados beneficios económicos como para que no le pongamos todo nuestro mayor esfuerzo".

Además, otro obstáculo es una medida cautelar para suspender el traslado de un terreno del Liceo de Costa Rica a favor de Ciudad Gobierno, debido a una demanda presentada por el presidente estudiantil de dicho colegio y un egresado. Fernández aseguró que se están acercando al centro educativo para explicar el plan y ganarse el apoyo de la población estudiantil.

En una sesión en la Comisión de Hacendarios, la diputada oficialista Pilar Cisneros solicitó a la Contralora, Marta Acosta, que revelara la identidad de la persona que denunció irregularidades en la forma en que se contratarían las obras del proyecto Ciudad Gobierno. La Contralora respondió que la Ley General de Control Interno ordenaba proteger la confidencialidad del denunciante.