Rodrigo Chaves firma ley contra crimen organizado

Esta normativa busca regular los procedimientos para investigar, procesar y juzgar a la delincuencia organizada. También establece los parámetros para la entrada en funcionamiento de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO).

Además, reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El mandatario sostuvo que este es un primer paso en la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia, ya que le da a las autoridades fuertes herramientas para combatirlos de forma directa.

“Hay que atrapar, juzgar y encarcelar a los cabecillas. Esta ley nos va a ayudar mucho. Que los cabecillas no usen a nuestros jóvenes con falta de oportunidades y con necesidad de un futuro mejor y los obliguen a dedicarse a estas actividades criminales tan horrendas”, señaló el gobernante. 

Chaves dijo que, lamentablemente, el país debe reconocer que el crimen se metió en la institucionalidad y advierte que lo van a combatir con acciones "decididas y valientes". 

“La lucha se debe librar con espíritu patriótico, por el bien de la mayoría e involucrar a todos los costarricenses, a todos los Poderes y actores políticos, especialmente a estos últimos porque tenemos la responsabilidad delegada de un pueblo honesto y libre para que tomemos decisiones que incidirán en sus vidas”, agregó el Presidente.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, expresó que cuando el país quiere unirse por una buena causa, puede hacerlo. Muestra de ello, agregó es la aprobación de esta ley.

“En Costa Rica, cuando nos unimos por una causa común, se puede lograr en condiciones de tiempo especiales, rompiendo récords y cumpliendo con los requisitos”, declaró Arias Sánchez.

Finalmente, el Poder Judicial manifestó que siempre vieron esta ley como una prioridad.

“Esta legislación constituye una herramienta necesaria para combatir de manera más eficaz el flagelo de la criminalidad organizada, representa un importante impulso para que el Poder Judicial asuma de la mejor manera nuestro compromiso con el país, con la ciudadanía, en el fortalecimiento de nuestro sistema constitucional y democrático, que tanto daño le produce este tipo de criminalidad”, concluyó la magistrada Patricia Solano, Presidenta Sala de Casación Penal.

El Gobierno agregó que la nueva ley dará mejores criterios para nombrar fiscales, defensores y reforzará las evaluaciones periódicas de idoneidad para asegurar la probidad y eficacia de los funcionarios.